lunes, 29 de diciembre de 2008

Servicicos Sociales, autonomía municipal y derechos ciudadanos


EUDEL me invitó a participar, el pasado 17 de diciembre, en una jornada titulada “El papel de los gobiernos locales vascos en el desarrollo de políticas sociales” celebrada en el Kursaal de Donostia – San Sebastián. Presenté una ponencia titulada “Servicios Sociales de Atención Primaria: retos de futuro” e hice de moderador en el conjunto de la jornada. Fue un magnífico reencuentro con un sector en el que he pasado muchos años de mi vida como responsable técnico de los servicios sociales del Ayuntamiento de Getxo. Tuve la oportunidad de reencontrarme con personas que hacía tiempo no veía, así que me encontré cómodo y a gusto entre técnicos y políticos del sector.

La reciente aprobación de una nueva ley de Servicios Sociales en el País Vasco estuvo presente durante toda la jornada. Sin entrar en tecnicismo, esta ley consagra el acceso a los servicios sociales como un derecho subjetivo, como la sanidad, la educación o las pensiones. Esto supone que si alguien no encuentra garantizado este derecho puede solicitar amparo judicial para obtenerlo. Este cambio es, sin duda, un gran avance en la consolidación del que viene en llamarse el cuarto pilar del Estado de Bienestar pero supone un importante desafío para el conjunto de las administraciones vascas, más aún en la situación de crisis económica en que nos encontramos.

Sin embargo, me sigue asombrando la capacidad que tenemos de aprobar leyes que sabemos no podremos cumplir en un horizonte cercano. Es verdad que la ley marca diversos períodos de transición pero me parecería más razonable ajustar mejor los detalles antes de lanzarse a aprobar una ley, muy positiva, pero que puede no llegar a satisfacer los niveles de exigencia que ella misma plantea, con el descrédito general para el sistema democrático que esto conlleva.

Un “pequeño” ejemplo, la ley no aclara el sistema de financiación para garantizar el acceso a los servicios sociales, esto es no sabemos cómo se van a financiar los derechos que regula. Dice que “se realizará el correspondiente ajuste financiero” y asunto zanjado. El día 17, este asunto de la financiación estuvo continuamente sobre la mesa.

Otro aspecto importante se refiere al papel que la ley da a los ayuntamientos, aumentado los servicios que deben prestar. En relación con el aspecto económico mencionado, los entes locales están muy preocupados con las consecuencias económicas que esto les va a suponer. Pero, por otro lado, presenta un desafío de singular importancia ¿cómo hacer compatible la autonomía municipal con el derecho al acceso a los servicios sociales que implica que cualquier ciudadano de cualquier municipio de Euskadi ha de tener exactamente esos mismos derechos?

En este sentido, los ayuntamientos vascos van a tener que revisar la organización actual de sus servicios sociales para adecuarlos a la nueva realidad que se les avecina y en esto la aportación de la Asociación Vasca de Municipios debería ser crucial. Uno de los aspectos que tendrán que plantearse es la agrupación de ayuntamientos para poder generar el suficiente volumen poblacional y de recursos como para garantizar unos servicios sociales adecuados a la ley y gestionados con calidad. También será necesario responder a las preguntas ¿qué equipo profesional necesitamos, a qué población vamos a atender y con qué intensidad? Así mismo, me parece necesario plantearse una mayor profesionalización de la gestión de estos servicios. Los presupuestos que se manejan son ya elevados y lo van a ser más, la complejidad del sistema es alta, los equipos humanos amplios. Todo ello exige de profesionales adecuadamente formados en el ámbito de la gestión y el liderazgo de equipos. Es necesario evitar el riego de perder buenos profesionales de la intervención social para convertirlos en mediocres gestores.


Vamos, que 2009 trae a los Servicios Sociales de Euskadi una nueva ley y será durante este año que comienza cuando se tendrán que poner las bases para que se convierta en una realidad.