¿A quién queremos en la política? Reflexiones a partir del coaching para Alberto Fabra

Hace unos días los medios de comunicación convirtieron en noticia la contratación, por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana, de un coach para su presidente Alberto Fabra. Ya resulta sintomático que se arme este alboroto por un contrato tipificado en la normativa legal como "menor", esto es, que no supera los 18.000€ sin IVA (sin entrar al debate si el coach contratado era o no demasiado caro). Estoy seguro que ese y otros gobiernos realizan contrataciones mucho más importantes para labores de consultoría que nadie cuestiona. Así, si se hubiera contratado a una consultora de renombre para elaborar, por ejemplo, un Cuadro de Mando Integral o para certificar según la Norma ISO 9001 algunos servicios, nadie hubiera perdido un minuto de su tiempo aunque el importe duplicara o triplicara el mencionado.

En este sentido, lo que más me ha llamado la atención es que, a pesar de que hay muchos que piensan que el coaching está de moda, son muy pocos los que saben en qué consiste y cuál puede ser su aportación. Así, por ejemplo, hemos asistido a la pertinaz confusión entre coaching para el desarrollo del liderazgo y un curso de formación. También ha sido patente que casi nadie sabe para que diablos sirve un proceso de coaching, a pesar de los estudios que muestran un retorno de la inversión (ROI) que puede llegar a multiplicar por 15 lo gastado. Incluso el portavoz en el Congreso del Partido Popular, Alfonso Alonso, le parece "extravagante".

Un aspecto especialmente polémico de este asunto ha sido el de quién ha de pagar el coach de un político ¿él mismo? ¿su partido? ¿la institución en la que está desempeñando un cargo? Por lo que he leído, parece que muchos tienen claro que en ningún caso ha de pagárselo la institución. Parece que el populista "que se lo paguen ellos", dirigido a los políticos, es un argumento que tiene mucho respaldo social. Sin embargo, parece que nadie ha preguntado algo que creo bastante obvio a la hora de considerar una opción de pago u otra ¿para qué? ¿qué objetivos tiene el proceso de coaching?

Si el objetivo es desarrollar su potencial como candidato a fin de afrontar con más éxito las siguientes elecciones, más allá que creo que para eso el perfil adecuado no es el de un coach, parece lógico que no lo pague la institución. Ahora bien, si el objetivo es contribuir a desarrollar su potencial ejerciendo como líder político de su comunidad, a desarrollar sus capacidades como líder del equipo de gobierno que dirige para servir mejor a la ciudadanía, a generar un espacio reflexivo en torno a los valores que le han llevado a la política, un espacio dónde fortalecer su capacidad para hacer frente a las presiones,... esto es, mejorar el desempeño para el que ha sido elegido, sinceramente no entiendo porqué no lo ha de pagar el gobierno del que forma parte. Tal y como se ha expresado en algún medio, probablemente el dinero gastado en ese proceso de coaching podría ser uno de los mejor gastados por ese gobierno.

Y esto me lleva a la pregunta de ¿a quién queremos en política? Si se plantea que a los políticos hay que pagarles poco y que si necesitan formarse o el apoyo de un coach se lo paguen ellos ¿quién va a formar parte de la política? ¿así esperamos que las personas más capaces y honradas decidan dejar su actividad profesional para contribuir a una nueva política? Me temo que esas medidas aparentemente orientadas a acabar con la corrupción o un supuesto despilfarro, lo que generan es un entorno en el que solo se plantee la actividad política quién espere sacar beneficios oscuros de ella o quién su mediocridad no le permita aspirar a otra cosa. Sí, siempre habrá alguna persona idealista que lo sacrifique todo por tratar de contribuir a mejorar esta sociedad desde la política, pero si se le ocurre buscar el apoyo de un coach para afrontar las dificultades que la acción política conlleva, será rápidamente dilapidada.

Termino con una cita de Daniel Innerarity que creo que bien al caso: Los poderosos suelen tener otros procedimientos para hacer valer sus intereses, pero lo sorprendente es que pongamos en peligro esta conquista de la igualdad de acceso a la política con torpes propuestas. No entro a determinar si son muchos o cobran demasiado; me limito a señalar que ese debate daña su legitimidad y dibuja en el horizonte un ideal de parlamentos débiles y en manos de los ricos. Un parlamento de pocos y a tiempo libre sería un parlamento todavía menos capaz de controlar a los ejecutivos. Si los políticos no cobraran, se dedicarían a ello los ricos o sus testaferros. Defender el número y el salario de los parlamentarios suena hoy como una provocación pero es más igualitario que ciertas medidas populistas que debilitan la democracia. (En "La política de todos")