Confianza en los gobiernos locales

Hoy ha comenzado en El Escorial el curso que, en el marco de los Cursos de Verano de Universidad Complutense, organiza la FEMP bajo el título “Actualizando el municipalismo: Plan Estratégico FEMP. Confianza en los gobiernos locales”. Tras la conferencia inaugural de quién fue Secretario de Estado para el Deporte, Javier Gómez Navarro, ahora Presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio de España, ha tenido lugar la primera mesa redonda centrada en Gobierno y Gobernanza multinivel en Europa ante la crisis.

Gómez Navarro ha hecho una breve y clara descripción de la crisis económica actual de la que ha planteado se está saliendo en la “economía real” pero sigue seriamente atrapada en la “economía financiera” por la dificultad para salir de la fuerte situación de endeudamiento en que se encuentra nuestra economía.

Ha explicado con la misma esquemática brillantez que la deuda de España es fundamentalmente privada, no pública. Eso llevó a no considerar que el país se encontraba en un punto tan crítico. Sin embargo, un cambio de perspectiva tiro por los suelos el optimismo. La deuda privada, en la medida en que no pueda hacerse frente obligará a intervenir al Estado para evitar el colapso de la economía, lo que acabaría convirtiendo esa deuda privada en deuda pública. Conclusión, toda la deuda es grave y desde ese punto de partida la situación de España no es buena.

Respecto al papel de las administraciones públicas para salir de la crisis ha colocado en lugar destacado la necesidad de generar una cultura de confianza que sustituya a la desconfianza que impera hoy en día en la relación entre administración y ciudadanía, entre administración y empresas. Esa desconfianza lleva a que no se conceda una licencia hasta que todo está presentado y cumplimentado, generando así retrasos enormemente gravosos e improductivos para ciudadanos y empresas.

También ha mencionado que las nuevas leyes (y normas legales en general) generan  costes en la economía y real y esos costes no son analizados en las memorias económicas de las leyes, concentradas sólo en los costes para el erario público. Propone que los políticos dispongan de ese tipo de memoria económica para tener más consciencia del impacto económico para la sociedad de las normas que elaboran.

Apoyándose en que las administraciones públicas gestionan el 40% del PIB ha subrayado que resulta clave que su gestión sea excelente a fin de obtener la máxima efectividad y productividad en su actuación.

Se ha posicionado en relación a la estructura de municipios actual, numerosa y atomizada, para afirmar que no podemos financiarla, que no resulta sostenible.

Así mismo, ha abogado por una profunda reforma de la administración pública, reforma que ha situado muy especialmente en la introducción de la evaluación del desempeño y la retribución variable en función de resultados. Hay que acabar, ha afirmado, con la práctica habitual de mantener en su puesto de trabajo a las personas improductivas y contratar otras para hacer lo que esas no hacen.

Para finalizar ha reiterado la importancia de la confianza para salir de la crisis: “las sociedades sólo progresan si confían en sí mismas”.